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Feijoo maneja un informe sobre el coste de anular el concurso eólico

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[quote][i]Originally posted by felix[/i]
[br][b][b]Feijoo maneja un informe sobre el coste de anular el concurso eólico [/b] 
La Xunta decidirá entre cambiar el decreto sectorial o corregir las adjudicaciones para salvar las dudas legales

El documento calcula las posibles indemnizaciones que habría que pagar a las empresas por repetir el reparto[/b]

fuente: la voz

La Xunta ha concluido la mayoría de los informes jurídicos y económicos encargados para tomar una decisión sobre el concurso eólico abierto por el BNG desde la Consellería de Industria que, en diciembre del 2008, dejó admitidos a trámite 2.290,7 megavatios repartidos en 78 parques propuestos por 29 empresas.

Los documentos están ya en poder del presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, y del conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. Entre las cuestiones estudiadas figura un cálculo del coste que tendrían las indemnizaciones a las empresas concursantes, en el caso de que se opte por echar abajo el reparto del Bloque. La cifra permanece en el más estricto de los secretos, pero fuentes jurídicas consultadas por La Voz aseguran que se trata de un escenario «asumible» para el Gobierno gallego, ya que las empresas concursantes no tienen derecho a que se les reintegren todos sus gastos y están obligadas por ley a asumir «riesgos» en el momento en que participan en este tipo de procedimientos administrativos.

Los dos escenarios que el Ejecutivo autónomo tiene encima de la mesa para darle una salida al sector eólico pasan por dejar sin efecto el decreto sectorial aprobado por el bipartito, apelando a sus agujeros jurídicos, que en su día también subrayó el Consello Consultivo de Galicia, o bien por «corregir» el concurso y despejar sus dudas jurídicas.
La postura que finalmente adopte la Administración se tomará «al más alto nivel», según señalaron fuentes de la Xunta. Feijoo, Rueda y el titular de Industria, Javier Guerra, tendrán la última palabra. Por ahora, las empresas del sector no han sido informadas sobre el contenido de estos análisis, si bien conocen su existencia.

Los contactos mantenidos durante todo este tiempo con los grupos que concurrieron al reparto han sido informales. Oficialmente, el conselleiro de Industria no ha recibido a ninguno de ellos, y su director xeral, Ángel Bernardo Tahoces, suspendió un encuentro formal con la Asociación Eólica de Galicia, para no entorpecer el transcurso de los informes ni tampoco la decisión final.

Fuentes del PP consideran que la solución final que la Xunta ponga encima de la mesa para resolver el complejo escenario eólico podría conocerse pasados los cien primeros días de Gobierno, lo que situaría esta decisión no antes de finales del próximo mes de julio.

Hasta entonces, permanecerá parada la tramitación de los proyectos presentados por las 29 empresas a las que el conselleiro nacionalista Fernando Blanco concedió megavatios. Las cuatro delegaciones provinciales de la Consellería de Economía e Industria recibieron y registraron cada uno de los proyectos aportados por las empresas.
La tramitación, paralizada

El concurso estableció tres meses de plazo para que las sociedades concretasen sus propuestas y aportasen documentación acreditativa de su viabilidad económica, de la ejecución de los planes industriales prometidos, o las características técnicas de cada uno de los parques, incluidas las soluciones elegidas para la evacuación de la energía a la red eléctrica.
Industria encargó a sus delegaciones que no aborden la revisión de la documentación hasta que se conozca la decisión de la Xunta respecto al concurso.

Fuentes del sector consideran que no sería posible iniciar las obras en ninguno de los nuevos parques eólicos gallegos tramitados al amparo de este concurso hasta finales del año 2011. La necesidad de que cada proyecto supere filtros en varias consellerías (Economía, Medio Ambiente y Territorio, Cultura o Medio Rural) y la posibilidad legal de que las empresas corrijan sus fallos hacen inviable una aceleración del calendario, que además debe incluir publicaciones en los diarios oficiales y plazos de alegaciones.

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T O P I C R E V I E W

felix

Posted - 01/07/2009 : 09:30:01

Feijoo maneja un informe sobre el coste de anular el concurso eólico
La Xunta decidirá entre cambiar el decreto sectorial o corregir las adjudicaciones para salvar las dudas legales

El documento calcula las posibles indemnizaciones que habría que pagar a las empresas por repetir el reparto

fuente: la voz

La Xunta ha concluido la mayoría de los informes jurídicos y económicos encargados para tomar una decisión sobre el concurso eólico abierto por el BNG desde la Consellería de Industria que, en diciembre del 2008, dejó admitidos a trámite 2.290,7 megavatios repartidos en 78 parques propuestos por 29 empresas.

Los documentos están ya en poder del presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, y del conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. Entre las cuestiones estudiadas figura un cálculo del coste que tendrían las indemnizaciones a las empresas concursantes, en el caso de que se opte por echar abajo el reparto del Bloque. La cifra permanece en el más estricto de los secretos, pero fuentes jurídicas consultadas por La Voz aseguran que se trata de un escenario «asumible» para el Gobierno gallego, ya que las empresas concursantes no tienen derecho a que se les reintegren todos sus gastos y están obligadas por ley a asumir «riesgos» en el momento en que participan en este tipo de procedimientos administrativos.

Los dos escenarios que el Ejecutivo autónomo tiene encima de la mesa para darle una salida al sector eólico pasan por dejar sin efecto el decreto sectorial aprobado por el bipartito, apelando a sus agujeros jurídicos, que en su día también subrayó el Consello Consultivo de Galicia, o bien por «corregir» el concurso y despejar sus dudas jurídicas.
La postura que finalmente adopte la Administración se tomará «al más alto nivel», según señalaron fuentes de la Xunta. Feijoo, Rueda y el titular de Industria, Javier Guerra, tendrán la última palabra. Por ahora, las empresas del sector no han sido informadas sobre el contenido de estos análisis, si bien conocen su existencia.

Los contactos mantenidos durante todo este tiempo con los grupos que concurrieron al reparto han sido informales. Oficialmente, el conselleiro de Industria no ha recibido a ninguno de ellos, y su director xeral, Ángel Bernardo Tahoces, suspendió un encuentro formal con la Asociación Eólica de Galicia, para no entorpecer el transcurso de los informes ni tampoco la decisión final.

Fuentes del PP consideran que la solución final que la Xunta ponga encima de la mesa para resolver el complejo escenario eólico podría conocerse pasados los cien primeros días de Gobierno, lo que situaría esta decisión no antes de finales del próximo mes de julio.

Hasta entonces, permanecerá parada la tramitación de los proyectos presentados por las 29 empresas a las que el conselleiro nacionalista Fernando Blanco concedió megavatios. Las cuatro delegaciones provinciales de la Consellería de Economía e Industria recibieron y registraron cada uno de los proyectos aportados por las empresas.
La tramitación, paralizada

El concurso estableció tres meses de plazo para que las sociedades concretasen sus propuestas y aportasen documentación acreditativa de su viabilidad económica, de la ejecución de los planes industriales prometidos, o las características técnicas de cada uno de los parques, incluidas las soluciones elegidas para la evacuación de la energía a la red eléctrica.
Industria encargó a sus delegaciones que no aborden la revisión de la documentación hasta que se conozca la decisión de la Xunta respecto al concurso.

Fuentes del sector consideran que no sería posible iniciar las obras en ninguno de los nuevos parques eólicos gallegos tramitados al amparo de este concurso hasta finales del año 2011. La necesidad de que cada proyecto supere filtros en varias consellerías (Economía, Medio Ambiente y Territorio, Cultura o Medio Rural) y la posibilidad legal de que las empresas corrijan sus fallos hacen inviable una aceleración del calendario, que además debe incluir publicaciones en los diarios oficiales y plazos de alegaciones.

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