La UE empieza a despejar el camino para que EDF se haga con Iberdrola

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea asestó ayer un duro golpe a la capacidad del Gobierno para proteger el mercado energético español y lo condenó por haber impuesto condiciones ilegales a la opa que la eléctrica alemana E.On lanzó hace dos años sobre la madrileña Endesa. Aquella operación nunca se llevó a cabo, pero la sentencia del Tribunal de la UE sienta un precedente para casos futuros, en especial para las intenciones de la empresa pública francesa Électricité de France (EDF) de hacerse con la vasca Iberdrola.

Cuando E.On se propuso adquirir Endesa en febrero del 2006, contraofertando la opa que la catalana Gas Natural había lanzado sobre aquélla, el Gobierno alegó que era su obligación garantizar la seguridad del suministro y los intereses generales de los españoles, advirtiendo de que E.On era una empresa sobre la que el Estado alemán mantenía capacidad decisoria. Por eso, amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que pudiera limitar la venta, y, ,entre otras obligaciones, comprometió a E.On a mantener la marca Endesa al menos cinco años, a comprar carbón nacional para sus centrales españolas, a mantener sus activos en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y a asegurar el suministro en caso de crisis.

Expediente

La Comisión Europea expedientó y llevó a España a los tribunales porque consideró que con esa actuación limitaba la libertad de circulación de capitales y empresas y vulneraba las normas comunitarias sobre competencia y libre mercado. Y aunque finalmente E.On se quedó sin Endesa, que fue adquirida por la italiana Enel y la constructora española Acciona -la CNE también les impuso condiciones que ambas aceptaron-, los jueces consideran que el fracaso de la primera operación no implica que el Ejecutivo no deba acatar la ley.

«España ha incumplido las obligaciones que le incumben», consideran los jueces en el colofón de una sentencia que se refiere solo a las condiciones de la opa de Endesa, pero que allana el camino para decisiones posteriores. El Tribunal aún no se ha pronunciado sobre la denuncia de la Comisión por el decreto que amplía las competencias de la CNE, el último cartucho de España para blindar a Iberdrola contra EDF.